En un operativo de gran envergadura realizado en el puerto de Tampico, autoridades federales aseguraron aproximadamente 10 millones de litros de diésel presuntamente de procedencia ilícita. Este decomiso, encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas y supervisado por la Fiscalía General de la República (FGR), forma parte de una investigación a nivel nacional sobre el contrabando de hidrocarburos que afecta a por lo menos nueve estados del país. El operativo se desarrolló luego de que trabajos de inteligencia detectaran movimientos irregulares en los registros aduaneros y en la logística de distribución de combustibles, lo que llevó a un seguimiento puntual de las operaciones marítimas en el puerto industrial de Tampico, uno de los principales nodos del comercio y transporte energético en México.
Las pesquisas de la FGR revelaron la existencia de una sofisticada red criminal que utilizaba una combinación de empresas fachada, importadores ficticios, operadores logísticos y agentes aduanales para introducir grandes volúmenes de hidrocarburos al territorio nacional sin pagar los impuestos correspondientes. Entre las estrategias utilizadas por la red, se encontraba la subdeclaración de la cantidad real de combustible importado y el registro de los cargamentos bajo rubros diferentes, como aceites industriales o mezclas químicas, para beneficiarse de una tasa impositiva menor. Las autoridades estiman que este esquema permitió el ingreso ilegal de millones de litros de combustible, generando un daño millonario a la hacienda pública y fomentando la competencia desleal en el mercado energético.
El aseguramiento de los 10 millones de litros de diésel en Tampico no fue un hecho aislado, sino que se suma a otras acciones realizadas en los municipios de Nuevo Laredo, Altamira y Matamoros, así como en estados vecinos como San Luis Potosí y Coahuila. En total, durante esta fase del operativo, se localizaron y aseguraron 170 ferrotanques con 18 millones 600 mil litros de combustible ilegal, además de detectar una vía alterna de tren en Coahuila que conectaba directamente con una zona industrial para facilitar el trasiego. Todo el cargamento, valuado en más de 235 millones de pesos, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que abrió carpetas de investigación y comenzó el proceso de identificación de responsables, tanto en el ámbito empresarial como en el logístico y financiero.
La FGR indicó que mantiene abiertas diversas líneas de investigación contra más de 70 personas físicas y morales presuntamente involucradas en la red de contrabando, incluyendo servidores públicos que habrían facilitado o encubierto las operaciones ilícitas. Estas acciones forman parte de una estrategia federal más amplia para combatir el llamado “huachicol fiscal”, que busca no solo el decomiso de hidrocarburos, sino también la desarticulación integral de las estructuras criminales. El gobierno federal ha enfatizado que el objetivo es identificar a los financistas, rastrear el flujo de recursos a través del sistema financiero y llevar ante la justicia a todos los involucrados, atacando el fenómeno desde la raíz y cerrando los espacios de impunidad que han permitido el crecimiento de este delito en los últimos años.
Uno de los antecedentes más relevantes en la lucha contra el contrabando de combustibles en la región fue el aseguramiento del buque Challenge Procyon en el puerto de Tampico, donde se decomisaron cerca de 10 millones de litros de diésel, tractocamiones, autotanques, infraestructura de almacenamiento y documentación aduanera falsa. En esa ocasión, la FGR logró la captura de dos personas y debilitó significativamente la logística criminal, con un impacto económico negativo para la organización estimado en 372 millones de pesos. Estos golpes, junto con la reciente incautación ferroviaria y marítima, evidencian la determinación de las autoridades para frenar el contrabando de hidrocarburos y proteger los intereses nacionales en materia fiscal y de seguridad energética.
