Carlos Arturo Pancardo Escudero, secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, ha declarado que la implementación de supervisiones mensuales en los cinco centros penitenciarios del estado, junto con la instalación de inhibidores de señal, han hecho que sea «muy improbable» que los reclusos puedan llevar a cabo extorsiones telefónicas hacia la ciudadanía. Durante una entrevista previa a una reunión con el gobernador Américo Villarreal Anaya, Pancardo enfatizó la efectividad de estas medidas de seguridad en los Centros de Ejecución de Sanciones (Cedes).
El funcionario destacó que cada uno de los cinco Cedes es inspeccionado mensualmente y que los inhibidores de señal están en funcionamiento, lo que dificulta la posibilidad de que los internos utilicen teléfonos móviles para realizar extorsiones. Estas afirmaciones surgen en un contexto donde la diputada priista Mercedes del Carmen Guillén Vicente había planteado que el enfoque en la lucha contra la extorsión debería comenzar en los centros de reclusión antes de considerar un registro obligatorio de líneas telefónicas.
De acuerdo con datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Tamaulipas se posiciona en el octavo lugar a nivel nacional en términos de menor incidencia de extorsión entre enero y mayo de 2026, con solo 25 casos reportados y una tasa de 0.7 incidentes por cada 100 mil habitantes. Esta estadística sugiere una disminución en las actividades delictivas relacionadas con extorsiones en la región.
En respuesta a las acusaciones de otros estados como Nuevo León, Guerrero y Guanajuato sobre la posibilidad de que se realizaran llamadas de extorsión desde el penal de Altamira, el gobierno estatal había tomado la iniciativa de adquirir 40 dispositivos inhibidores de señal móvil. De estos, 10 fueron instalados en el Cedes de Altamira, mientras que el resto se distribuyó en otros centros penitenciarios ubicados en Ciudad Victoria, Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa.
Las autoridades explicaron que, aunque las llamadas pueden salir de la zona, no provienen del penal, ya que los inhibidores están diseñados para bloquear la señal en un radio determinado. En el caso del Cedes de Altamira, se identificaron tres antenas cercanas, ubicadas a distancias de 1.6 kilómetros, un kilómetro y 600 metros, cada una con un alcance de servicio de entre 800 metros y un kilómetro. No obstante, la compañía responsable de la infraestructura no ha podido precisar el origen exacto de las llamadas de extorsión en la zona, lo que sugiere que el problema podría estar fuera de los límites del penal.
